Bancos y billeteras virtuales cruzan visiones por las causas de la mora y el impacto de las normas del BCRA

El sistema financiero argentino atraviesa un debate técnico respecto a los factores que explican los niveles actuales de morosidad en el crédito a las familias. Por un lado, la banca tradicional señala que cerca de un tercio de sus índices de irregularidad no responde a incumplimientos directos de sus clientes, sino a la aplicación de normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que obligan a contagiar las peores calificaciones crediticias registradas en otras entidades. Por otro lado, la industria fintech argumenta que el aumento del costo de financiamiento y la falta de información crediticia integral son los condicionantes centrales de la mora, defendiendo el acceso de millones de personas no bancarizadas al mercado de crédito.

La postura de las entidades bancarias se enfoca en el impacto de la Comunicación “A” 7443 del BCRA. Esta regulación determina que, si un cliente acumula atrasos equivalentes o superiores al 40% de su pasivo total en cualquier entidad del sistema, el resto de las instituciones financieras debe degradar de forma automática su calificación interna, aun cuando los pagos con estas últimas se encuentren al día. Según explicó el analista Pablo Curat, este mecanismo genera un "efecto arrastre" o "mora importada", situación que cobra frecuencia ante los incumplimientos registrados en plataformas no bancarias.

A este marco se suman los criterios de reclasificación del BCRA, los cuales exigen procesos graduales de regularización. El titular del organismo, Santiago Bausili, detalló en la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPOM) que el paso de un deudor desde la categoría 5 (máxima morosidad) hasta la categoría 1 (cumplimiento normal) requiere esquemas de refinanciación sostenida que demandan un plazo mínimo de “nueve meses”. Un ejemplo del peso de este esquema figuró en el balance del segundo trimestre de Banco Macro, donde el incremento de la irregularidad propia fue de 27 puntos básicos (de 3,81% a 4,08%), pero escaló a 85 puntos básicos (de 5,40% a 6,25%) por el efecto de las recategorizaciones normativas.

En contraposición, la Cámara Argentina Fintech fijó posición mediante el documento “Argentina necesita más y mejor crédito”. La entidad precisó que el stock total de crédito a las familias alcanza los $82,8 billones, correspondiendo el 81,1% a la banca tradicional, el 11,7% a las fintech y el 7,1% a otros proveedores no bancarios. Del total de $13,5 billones registrados en situación irregular (16,3% del sistema), el sector fintech detalló que la cartera morosa se distribuye de la siguiente manera:

• Bancos: concentran el 63,3% del monto en mora.

• Otros proveedores no bancarios: representan el 20,4% de los fondos irregulares.

• Fintech: explican el 16,3% restante del volumen incobrable.

De acuerdo con un informe de la consultora Analytica basado en datos oficiales, el sistema cuenta con 20,8 millones de personas con financiamiento formal, de las cuales 5,8 millones presentan atrasos superiores a 90 días. La distribución de deudores y morosidad según el tipo de institución se compone por:

• Entidades bancarias: registran 14,3 millones de usuarios, con 2,45 millones en mora.

• Proveedores fintech: computan 10,1 millones de usuarios, de los cuales 2,41 millones están en mora.

• Otros proveedores no financieros: contabilizan 5,2 millones de usuarios, con 2,7 millones en irregularidad.

El sector de las billeteras virtuales y firmas financieras digitales atribuye la mayor tasa de morosidad en sus plataformas al costo de su estructura de fondeo. Al no captar depósitos del público, estas compañías operan con capital propio, créditos bancarios o endeudamiento en el mercado de capitales, lo que eleva las tasas finales aplicadas a pequeños préstamos. Frente a este panorama, las plataformas digitales solicitaron avanzar en la reducción de impuestos, el intercambio de información crediticia y programas de educación financiera, al tiempo que ambas partes del sector coinciden en reclamar una disminución de las cargas impositivas que pesan sobre la oferta crediticia.